Diligencias de investigación patrimonial en el extranjero: cómo obtener información en procesos judiciales

En muchos procedimientos judiciales, especialmente en el ámbito civil y de familia, resulta fundamental conocer con precisión el patrimonio de una de las partes. Esta necesidad se complica cuando los bienes, cuentas o sociedades se encuentran en el extranjero.

Las diligencias de investigación patrimonial son actuaciones dirigidas a identificar bienes, derechos y fuentes de ingresos de una persona cuando esta información no es accesible de forma directa.

En procedimientos de divorcio, estas diligencias resultan especialmente relevantes para determinar la existencia de bienes gananciales, fijar pensiones compensatorias o valorar la capacidad económica real de uno de los cónyuges.

Cuando el patrimonio se encuentra en el extranjero, la falta de información puede generar una situación de desequilibrio procesal, en la que una de las partes dispone de ventaja por ocultar o dificultar el acceso a sus activos.

Por ello, el ordenamiento jurídico prevé mecanismos para obtener esta información a través de la cooperación internacional.

A diferencia de lo que ocurre en España, donde existen herramientas como los requerimientos judiciales a bancos o registros públicos, en el extranjero el juez español no tiene capacidad directa de actuación.

Esto implica que no puede ordenar directamente a autoridades o entidades extranjeras que faciliten información, lo que obliga a canalizar la solicitud a través de instrumentos de cooperación judicial.

Además, cada país tiene sus propias normas sobre protección de datos, secreto bancario o acceso a registros mercantiles, lo que puede dificultar o limitar la obtención de información.

Para superar estas limitaciones, el Derecho internacional establece diferentes vías de colaboración entre autoridades judiciales de distintos países.

Cuando el patrimonio se encuentra en un Estado miembro de la Unión Europea, como Alemania, el procedimiento se articula principalmente a través del Reglamento (UE) 2020/1783, relativo a la obtención de pruebas en materia civil o mercantil.

Este Reglamento permite que un órgano jurisdiccional español solicite directamente a un órgano jurisdiccional de otro Estado miembro la práctica de diligencias de prueba, como la obtención de información registral o societaria.

Asimismo, debe tenerse en cuenta el Reglamento (UE) 1215/2012 (Bruselas I bis), en materia de reconocimiento y ejecución de resoluciones judiciales, que facilita la eficacia transfronteriza de las decisiones adoptadas.

Estos instrumentos se basan en el principio de cooperación y confianza mutua entre Estados miembros, lo que permite agilizar los procedimientos.

Las diligencias de investigación patrimonial en el extranjero requieren una actuación coordinada entre el juzgado que conoce del procedimiento y los profesionales jurídicos que impulsan la solicitud.

El abogado debe identificar qué información es relevante, justificar su necesidad y canalizar adecuadamente la petición a través del órgano judicial.

Por su parte, el juzgado debe valorar la pertinencia de la solicitud y tramitarla conforme a los mecanismos de cooperación aplicables.

Más allá del marco jurídico, estas diligencias presentan importantes implicaciones prácticas que deben tenerse en cuenta.

Uno de los principales retos es el tiempo necesario para obtener la información. Incluso dentro de la Unión Europea, las respuestas pueden demorarse varios meses.

Esto puede afectar al desarrollo del procedimiento principal, especialmente en casos urgentes como medidas provisionales en procesos de divorcio.

Por ello, resulta fundamental anticipar estas necesidades y solicitar las diligencias con suficiente antelación.

Un aspecto clave, y a menudo olvidado, es la necesidad de que los documentos obtenidos en el extranjero sean traducidos mediante traducción jurada para que puedan surtir efectos en España.

Los documentos redactados en otro idioma deben ser traducidos por un traductor jurado reconocido oficialmente, garantizando así su autenticidad y fidelidad.

Sin esta traducción, los documentos pueden carecer de valor probatorio en el procedimiento judicial español, lo que puede comprometer la eficacia de las diligencias realizadas.

Además, en algunos casos será necesario cumplir con requisitos adicionales, como la legalización o la apostilla conforme al Convenio de La Haya de 1961.

En procedimientos de divorcio, la investigación patrimonial en el extranjero puede ser determinante para el resultado del caso.

Conocer la existencia de sociedades, cuentas o bienes ocultos puede influir en la liquidación del régimen económico matrimonial o en la fijación de pensiones.

Desde el punto de vista estratégico, estas diligencias permiten equilibrar la posición de las partes y garantizar una resolución más justa.

Las diligencias de investigación patrimonial en el extranjero son una herramienta esencial en aquellos procedimientos en los que parte del patrimonio se encuentra fuera de España.

La existencia de instrumentos como el Reglamento (UE) 2020/1783 o el Convenio de La Haya de 1970 facilita la cooperación judicial, aunque su aplicación práctica exige conocimiento técnico y planificación estratégica.

Además, aspectos como la traducción jurada de documentos o el cumplimiento de requisitos formales son determinantes para que la información obtenida tenga validez en el procedimiento.

En este contexto, contar con asesoramiento especializado resulta clave para identificar los instrumentos adecuados y maximizar las posibilidades de éxito. Desde Antolino Advocats, abordamos este tipo de procedimientos con una visión integral, combinando conocimiento jurídico y experiencia práctica para proteger los intereses de nuestros clientes en escenarios internacionales.