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¿Fue legal la operación de ee.uu. Para detener al presidente de venezuela, nicolás maduro?

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El 3 de enero de 2026, Estados Unidos llevó a cabo una operación militar en Caracas que culminó con la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro y su traslado forzoso a territorio estadounidense para enfrentar cargos penales por narcotráfico y narcoterrorismo. 
La noticia ha desatado un intenso debate jurídico internacional sobre la legalidad de esta intervención. La cuestión no es menor: plantea cuestiones sobre la soberanía estatal, el uso de la fuerza, la jurisdicción penal internacional y el equilibrio entre la lucha contra el crimen transnacional y el respeto del derecho internacional público.

Este artículo analiza, desde una perspectiva jurídica, los principales argumentos a favor y en contra de la legalidad de dicha operación.

1. El contexto de la operación y las posiciones oficiales

Antes de evaluar su legalidad, es importante entender el contexto que motivó la operación:

1.1. La orden de captura y cargos penales

Maduro estaba siendo perseguido por Estados Unidos en el United States District Court for the Southern District of New York, bajo cargos penales por narcotráfico y asociación con grupos considerados criminales, en un caso abierto desde 2011 y actualizado con un superseding indictment en enero de 2026 tras la captura. 

1.2. Posición de Estados Unidos

El Gobierno estadounidense ha defendido ante la ONU que se trató de una operación de aplicación de la ley contra un presunto narcotraficante, y no de un acto de guerra o ocupación, alegando que Maduro no es reconocido como líder legítimo y que el objetivo era hacer cumplir órdenes judiciales vinculadas a delitos graves. 

1.3. Reacción internacional

Diversos Estados y organismos internacionales han criticado la acción, incluyendo Naciones Unidas, China, Francia y otros países de América Latina, quienes han señalado que la operación rompe con los principios del derecho internacional y la soberanía estatal.

2. Análisis jurídico: ¿qué dice el derecho internacional?

La clave para determinar la legalidad de la operación está en el marco jurídico internacional, especialmente en la Carta de las Naciones Unidas y el derecho consuetudinario sobre el uso de la fuerza entre Estados.

2.1. El principio de no intervención y la prohibición del uso de la fuerza

El artículo 2(4) de la Carta de las Naciones Unidas prohíbe a los Estados recurrir a la fuerza en sus relaciones internacionales contra la integridad territorial o independencia política de otro Estado, salvo en circunstancias muy limitadas.

Son excepciones legales, entre otras:
  • Autorización expresamente concedida por el Consejo de Seguridad de la ONU.
  • Legítima defensa, en caso de un ataque armado inminente o ya perpetrado.

En el caso de Venezuela:
  • No hubo autorización del Consejo de Seguridad para la intervención.
  • Estados Unidos no ha demostrado que Venezuela hubiera lanzado un ataque armado directo contra su territorio que justificara la legítima defensa.

Por ello, muchos expertos consideran que la operación viola el principio de no uso de la fuerza y, en ausencia de una justificación clara, constituye una transgresión del derecho internacional. 

2.2. La captura de un jefe de Estado extranjero

La captura y traslado de un jefe de Estado fuera de su propio país plantea cuestiones adicionales:
  • Generalmente, los jefes de Estado gozan de inmunidad de jurisdicción y ejecución durante el ejercicio de sus funciones.
  • La utilización de fuerza militar para detener a un gobernante en su territorio, sin consentimiento, vulnera la soberanía estatal.

La jurisprudencia y doctrina mayoritarias sostienen que solo con consentimiento del Estado afectado o con una resolución del Consejo de Seguridad podría tenerse legitimidad jurídica para tal acto, condiciones que no se produjeron en este caso. 

3. Argumentos en defensa y las justificaciones alegadas

A pesar de las fuertes críticas, algunas voces defienden la operación apoyándose en argumentos específicos:

3.1. Narcotráfico como crimen transnacional y legitimidad moral

El Gobierno estadounidense ha presentado la captura como parte de la lucha contra el crimen organizado internacional, considerando a Maduro responsable de facilitar o dirigir redes de narcotráfico que afectan a EEUU y otros países.

Si bien el enfoque dura y moralmente comprensible desde ciertas perspectivas políticas, los expertos internacionales señalan que las consideraciones políticas o de seguridad no pueden sustituir la falta de base legal internacional para el uso de la fuerza

3.2. Comparaciones históricas y jurisprudencia comparada

En el pasado, Estados Unidos llevó a cabo operaciones similares (por ejemplo, la detención del general panameño Manuel Noriega en 1989) en contextos de tensiones geopolíticas y acusaciones de narcotráfico. Sin embargo, incluso esas actuaciones han sido controvertidas y objeto de análisis crítico respecto a su compatibilidad con el derecho internacional.

4. Consecuencias jurídicas y políticas de la operación

Más allá de la discusión sobre su legalidad estricta, la intervención estadounidense tiene implicaciones profundas para el derecho internacional y la estabilidad regional:

4.1. Riesgo de precedentes y debilitamiento del sistema de la ONU

La acción crea un precedente peligroso en el que un Estado puede justificar operaciones militares unilateralmente bajo la excusa de perseguir delitos criminales, lo que socava la centralidad del sistema multilateral de seguridad internacional

4.2. Tensiones diplomáticas y respuestas regionales

Varios gobiernos han expresado su rechazo y preocupación por el impacto de estas acciones sobre la soberanía, la seguridad y la estabilidad política en América Latina, y han solicitado que el caso se someta a revisión en foros internacionales. 

4.3. Consideraciones sobre legitimidad y reconocimiento

Estados Unidos ha señalado que no reconoce a Maduro como jefe de Estado legítimo, afirmando que su gobierno carece de legitimidad democrática.

Aunque esta postura tiene un valor político, el reconocimiento diplomático es independiente del derecho internacional general que rige el uso de la fuerza y no puede por sí solo justificar una intervención militar en otro país soberano.

Conclusión

Desde el punto de vista del derecho internacional público, la operación militar estadounidense que condujo a la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro plantea serias dudas de legalidad.
  • La ausencia de autorización del Consejo de Seguridad de la ONU o de una legítima defensa claramente acreditada contraviene el principio general de prohibición del uso de la fuerza entre Estados.
  • La captura de un jefe de Estado en su propio país sin consentimiento constituye una violación clara de la soberanía estatal y de las normas consuetudinarias fundamentales.
  • Los argumentos basados en la lucha contra el crimen transnacional o en la ilegitimidad política de Maduro no desplazan las exigencias del derecho internacional público.

En resumen, aunque la operación tiene un fuerte componente político y de seguridad, sus fundamentos jurídicos en el marco del derecho internacional son ampliamente cuestionados por expertos y organizaciones internacionales, y están sometidos a escrutinio en organismos multilaterales.


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