¿Puedo resolver el contrato con un cliente moroso? Aspectos legales clave

Un cliente moroso es aquel que incumple su obligación de pago en el plazo acordado en un contrato o factura. La morosidad puede ser ocasional o reiterada, pero en ambos casos afecta negativamente a la liquidez y viabilidad de quien presta el servicio o entrega el producto.

Desde un punto de vista jurídico, el incumplimiento de la obligación de pago constituye una causa objetiva de resolución contractual conforme al artículo 1124 del Código Civil, que permite resolver las obligaciones recíprocas cuando una de las partes incumple lo pactado.

No debe confundirse al cliente moroso con el cliente insolvente. El moroso puede tener capacidad económica, pero retrasa el pago, mientras que el insolvente carece de medios para cumplir. Esta distinción es clave en el enfoque legal y en las medidas a adoptar.

Cuando el cliente no paga en el plazo pactado, incurre en mora. Esta situación activa automáticamente, en la mayoría de los contratos, el devengo de intereses de demora. Si el contrato incluye cláusulas específicas, estas serán de aplicación, siempre que no vulneren normas imperativas.

Además, la falta de pago puede justificar medidas como la suspensión del servicio, la reclamación judicial de la deuda y, en casos graves, la resolución del contrato.

El artículo 1124 del Código Civil permite que, ante un incumplimiento grave como la morosidad reiterada, la parte cumplidora pueda optar por:

• Exigir el cumplimiento forzoso del contrato.
• Resolver el contrato con indemnización por daños y perjuicios si procede.

No es necesario acudir a los tribunales para resolver el contrato si el incumplimiento es claro y grave. Sin embargo, se recomienda notificar fehacientemente (burofax, requerimiento notarial o burofax electrónico) la voluntad de resolver, detallando los hechos.

La Ley 3/2004, de medidas de lucha contra la morosidad en operaciones comerciales, establece los plazos máximos de pago entre empresas o entre empresas y administraciones:

• 60 días naturales desde la recepción de la factura o bienes/servicios, salvo pacto expreso en condiciones contractuales.
• 30 días en el caso de contratos con administraciones públicas.

Superado ese plazo, el cliente entra en mora automática, sin necesidad de requerimiento, devengándose intereses de demora al tipo legal más ocho puntos.

La ley reconoce el derecho del acreedor a reclamar:

• Intereses de demora legales o pactados.
• Una indemnización mínima de 40 euros por los costes de cobro.
• Otros costes adicionales de recobro debidamente justificados (por ejemplo, abogados, procuradores, empresas de recobro, etc.).

Estas medidas pueden aplicarse sin necesidad de que haya una resolución del contrato, pero son compatibles con esta si el impago se mantiene en el tiempo.

Dependerá del tipo de relación contractual y del contenido del contrato. En general, el impago de una única factura puede ser causa de resolución si:

• Se trata de una cantidad importante.
• Se ha producido un requerimiento previo sin respuesta.
• El contrato incluye una cláusula de resolución por impago.

En contratos de larga duración o suministro continuo, el impago reiterado o el retraso habitual sí puede justificar la ruptura.

Los contratos deben incluir cláusulas claras sobre las consecuencias del impago, incluyendo la posibilidad de resolver la relación contractual de forma inmediata ante una mora de más de X días.

Este tipo de cláusulas, si están bien redactadas, evitan litigios futuros y permiten proteger los intereses del acreedor de forma más ágil.

Resolver un contrato con un cliente moroso es una decisión delicada, pero plenamente legítima cuando existe un incumplimiento grave. La ley ampara al profesional que ha cumplido con sus obligaciones frente al cliente que no paga, y ofrece herramientas como la resolución contractual, la reclamación de intereses y la indemnización de costes.

No obstante, cada caso requiere un análisis concreto. Por eso, desde Antolino Advocats, te animamos a informarte correctamente antes de tomar decisiones que afecten a tu negocio o actividad profesional. Estar bien asesorado es clave para proteger tus derechos.