Sobre la nueva ley de limitación del precio de los alquileres en Cataluña

En los últimos 5 años, los precios de los alquileres en Cataluña han aumentado alrededor de un 30 % respecto a periodos anteriores. Barcelona y su área metropolitana son las zonas que más han percibido este incremento, provocando a muchas personas serios problemas para poder acceder a la vivienda, así como para permanecer en una. 

Estudios realizados por el Observatorio Metropolitano de la Vivienda de Barcelona, de hecho, afirman que nos encontramos en una situación más grave que la de los inicios de la crisis económica y que el número de alquileres con precios desorbitados superan, y con creces, la media europea.

Por ello, la Generalitat y las administraciones locales han adoptado recientemente medidas para limitar el aumento de precios del alquiler de viviendas en zonas con una alta demanda. Estamos hablando de la Ley 11/2020, del 18 de septiembre, de medidas urgentes en materia de contención de rendas en los contratos de alquiler de vivienda y de modificación de la Ley 18/2007, de la Ley 4/2016, relativas a la protección del derecho a la vivienda. 

Uno de los puntos más importantes de esta ley, ya en vigor en Cataluña, es que los propietarios no tienen potestad de subir la renta del alquiler en un nuevo contrato más de lo que pagaba el anterior inquilino. Además, en caso de que esta fuera abusiva, deberá bajarla con el objetivo de ajustarla al precio medio de la zona en que se sitúe la propiedad, basándose en el Índice de Precios de la Generalitat de Catalunya, el cual se crea a partir de los datos incluidos en el Registro de fianzas de alquiler de fincas urbanas y de otras características adicionales.

El régimen de contención de rendas establecido en esta ley es una medida que encaja con la configuración constitucional del derecho a la propiedad, incluido en el artículo 33 de la Constitución, y es además una medida instrumental que sirve para hacer efectivo el derecho a una vivienda digna y adecuada, según el artículo 47 de la Constitución. 

Son 60 los municipios catalanes afectados por esta nueva normativa. Todos ellos tienen más de 20 000 habitantes, y se incluyen algunos como Barcelona, Badalona, Vilanova i la Geltrú, Sant Cugat del Vallés, Montgat, Gavà, Castelldefels, Sant Vicenç dels Horts, Tarragona o Vilassar de Mar, entre otros. 

Están excluidos de la ley las propiedades de menos de 3 años, así como los contratos suscritos antes del 1 de enero de 1995, los de protección oficial, de inserción, alquiler social, políticas sociales o los de carácter asistencial y alquiler social obligatorio. 

Esta ley ha creado gran controversia en toda la Comunidad Autónoma. Por un lado, gran parte de los inquilinos han demostrado gran alegría y, por otro, los propietarios y algunos expertos del sector como las inmobiliarias consideran que es una medida anticonstitucional. Asimismo, la patronal considera que vamos a vivir una bajada de las ofertas de alquileres, pues los inversores no estarán interesados en invertir en el mercado inmobiliario catalán, lo que a su parecer supondrá un duro golpe para Cataluña.

En Sant Gervasi, otro de los barrios icónicos de la ciudad, si un piso construido entre 1945 y 1978 de 70 m2, en buen estado y con ascensor se alquila, el precio debe fijarse en 1.024 €. En cambio, en otra ciudad catalana, Reus, una vivienda de 70 m2, construida entre 1979 y 2007, con ascensor y en buen estado, la renta se fijaría en 471,80 € aproximadamente. 

Para saber más sobre esta Ley de Índices, haga clic en el siguiente enlace: https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-11363