¿Vale la pena contratar un abogado o usar inteligencia artificial? Ventajas lega

La IA comenzó como un apoyo técnico: buscadores de jurisprudencia, redactores automáticos o sistemas predictivos de sentencias. Hoy, sin embargo, algunos algoritmos ya toman decisiones en ámbitos sensibles. En España sistemas como RisCanvi (para valorar el riesgo de reincidencia en Cataluña) o VioGén (para evaluar el riesgo en casos de violencia de género) utilizan IA para ayudar en decisiones judiciales y administrativas.

Esto demuestra que la inteligencia artificial ya no solo asiste al Derecho, sino que empieza a intervenir en él.

Las soluciones basadas en IA permiten automatizar tareas repetitivas, reducir tiempos de gestión y ofrecer respuestas inmediatas a preguntas simples. Para empresas o particulares con recursos limitados, esto supone un acceso más ágil a información jurídica y una reducción de costes.
Sin embargo, esta eficiencia tiene un precio: la ausencia de criterio humano cuando el caso requiere interpretación, empatía o una defensa estratégica.

El mayor problema no es técnico, sino jurídico. Si un algoritmo comete un error, discrimina a una persona o emite una decisión automatizada que causa perjuicios, ¿a quién se debe demandar?
¿Al programador? ¿A la empresa que lo comercializa? ¿Al usuario que lo aplica?
El Derecho actual se basa en normas pensadas para relaciones humanas, pero la inteligencia artificial introduce un agente sin voluntad propia, capaz de actuar sin intervención directa de una persona.

En este contexto, el Derecho se enfrenta a un vacío normativo: los sistemas jurídicos deben evolucionar para garantizar que siempre haya una persona responsable detrás de cada decisión, aunque la ejecute una máquina.

Porque si no hay responsabilidad, tampoco hay justicia.

La Ley de Inteligencia Artificial de la Unión Europea (AI Act), aprobada en 2024 y en proceso de aplicación progresiva, establece un marco pionero para clasificar los sistemas de IA según su riesgo y exigir garantías de transparencia, trazabilidad y supervisión humana.
En España, esta normativa se complementará con la futura Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial (AESIA), encargada de velar por la ética y legalidad en el uso de algoritmos.

Pero la legislación todavía está adaptándose. En ámbitos como el derecho penal o la contratación automatizada, las reglas sobre la autoría, el dolo o la culpa resultan insuficientes. El legislador aún no ha determinado claramente cómo imputar responsabilidad a decisiones generadas sin intervención humana directa.

La IA puede analizar millones de datos, pero no puede interpretar el contexto emocional, moral ni social de un conflicto. Un abogado, en cambio, pondera pruebas, valora intereses contrapuestos y actúa conforme a principios jurídicos y éticos.

En 2025, el verdadero valor añadido de un letrado radica precisamente en aquello que las máquinas no pueden replicar: la empatía, la discreción y la estrategia jurídica.

Lejos de ser una amenaza, la IA puede convertirse en una aliada. Los despachos que integran estas herramientas con control humano logran mayor eficiencia sin renunciar al rigor legal.
La tendencia actual es la hibridación: abogados que utilizan inteligencia artificial para procesar información, pero que mantienen la última palabra en la interpretación y la defensa.

El abogado del futuro necesita comprender los fundamentos técnicos de la IA, sus sesgos y limitaciones, para poder evaluar correctamente los riesgos de su uso en el ámbito jurídico.

Toda decisión automatizada en el entorno legal debe estar sujeta a supervisión y validación humana. Esto no solo garantiza la seguridad jurídica, sino también el respeto a derechos fundamentales como la igualdad o la no discriminación.

El gran reto es garantizar que la tecnología se ponga al servicio de la justicia, no al revés.
Como advierten muchos juristas, el Derecho no puede renunciar a la idea de responsabilidad individual, incluso cuando la decisión la ejecuta una máquina.

La inteligencia artificial está transformando la práctica jurídica, pero no puede reemplazar el razonamiento, la empatía y la responsabilidad del abogado.

Las herramientas automáticas son útiles, sí, pero su uso debe ser controlado, transparente y éticamente supervisado.

El futuro del Derecho pasa por la convivencia entre la precisión tecnológica y el criterio humano, siempre bajo un principio esencial: la responsabilidad debe seguir siendo humana. En Antolino Advocats, analizamos cómo la innovación tecnológica impacta en la práctica legal y ayudamos a nuestros clientes a entender los nuevos retos que plantea la inteligencia artificial en el ámbito jurídico.