Amenazas por whatsapp: ¿se consideran delito penal en españa?

La mensajería instantánea se ha convertido en una de las principales vías de comunicación, y también en un espacio donde pueden producirse delitos. Las amenazas por WhatsApp no solo son socialmente reprobables, sino que pueden constituir un delito penal si se cumplen ciertos requisitos. Este artículo analiza cómo se regulan estas situaciones en el ordenamiento jurídico español, qué debe hacer una víctima, y qué implicaciones legales tiene amenazar a otra persona a través de esta aplicación.

Según el artículo 169 del Código Penal español, comete delito de amenazas quien "amenazare a otro con causarle a él, a su familia u otras personas con quienes esté íntimamente ligado, un mal que constituya delito". La amenaza puede ser verbal, escrita o transmitida por cualquier medio, incluido WhatsApp.

El Tribunal Supremo y diversas Audiencias Provinciales han reiterado que una captura de pantalla, por sí sola, no constituye prueba plena si no se acredita su autenticidad. La Sentencia del Tribunal Supremo nº 300/2015, de 19 de mayo, establece que “las conversaciones aportadas por las partes carecen de valor probatorio si no se acredita su origen, integridad e inalterabilidad”.
Es importante, solicitar un volcado de teléfono móvil al Letrado de la Administración de justicia cuando tengamos el procedimiento en marcha, él/ella dará fe que el contenido que se aporta es el que está en el teléfono móvil.
Por ello, incluso cuando no existe impugnación expresa por parte del acusado, es imprescindible contar con un perito informático que certifique:

• El origen de los mensajes.
• Que no han sido manipulados.
• Que pertenecen a la persona denunciada.

Este criterio también ha sido recogido por la Audiencia Provincial de Madrid (SAP Madrid, Sección 23ª, de 15 de febrero de 2021): “no basta con pantallazos, debe acreditarse técnicamente el canal y la autoría del mensaje”.

Además del informe pericial, son útiles:

• Testigos que hayan leído los mensajes o conozcan el contexto.
• Respaldo en copia de seguridad verificada (por ejemplo, exportación oficial validada).
• Datos del dispositivo y del número emisor obtenidos con autorización judicial.

La pena por amenazas por WhatsApp dependerá del tipo de amenaza y sus circunstancias:

• Amenazas condicionales con delito grave: prisión de 1 a 5 años (art. 169.1 CP).
• Amenazas leves: multa de 1 a 3 meses (art. 171.7 CP).
• Amenazas con violencia de género: prisión de 6 meses a 1 año o trabajos en beneficio de la comunidad, además de posibles medidas de alejamiento o suspensión de la patria potestad.

Si se han producido con publicidad (por ejemplo, en un grupo de WhatsApp), puede considerarse agravante.

Además de la condena penal, el autor puede ser condenado a indemnizar a la víctima por daños morales o psicológicos, según lo previsto en el artículo 109 y siguientes del Código Penal. La víctima también puede iniciar un procedimiento civil por vulneración de derechos fundamentales.

Las amenazas por WhatsApp no son un simple intercambio verbal; pueden constituir un delito penal grave con consecuencias importantes para el agresor. Para que una denuncia prospere, es fundamental actuar con diligencia, asesorarse legalmente y preservar las pruebas de forma adecuada.