La reforma aprobada por el Senado, aún pendiente del Congreso, supone un cambio profundo en el equilibrio entre el derecho de propiedad y los derechos fundamentales de las personas que ocupan viviendas de forma ilegal. De aprobarse definitivamente, España se situaría entre los países con una normativa
más permisiva hacia la interrupción de suministros como medida contra la ocupación.
En Antolino Advocats, recomendamos a propietarios y administradores de fincas que esperen al cierre del trámite legislativo y busquen asesoramiento jurídico antes de adoptar decisiones que puedan tener consecuencias civiles o administrativas.
Fuentes: Canarias7,
ABC,
Newtral,
Idealista,
CatalunyaPress,
EuropaPress,
El Español