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noticias derecho civil | Antolino advocats


  •   Les hacemos, a continuación, un BREVE RELATO DE LOS HECHOS QUE OCURRIERON:  
    El mes de noviembre de 2014 nuestra Clienta visitó UNIDENTAL (actual VIVANTA) en Zaragoza (c/ Maria de Zambrano 26) para que le realizaran una revisión dental,  a la vez que solicitó el presupuesto de un tratamiento dental. Aceptó el presupuesto de 6.763,03 euros de brackets e implantes, etc... y entregó a cuenta 2000€ y el resto fue financiado por la misma Clínica, a través del GRUPO BANCO PASTOR. Cantidad que abonó en su totalidad.  


    Empezaron por ponerle los brackets, y acudió a las revisiones mensuales durante un periodo de dos años.

      La Clienta tuvo que viajar a Barcelona por temas laborales en el mes de abril 2017 (concretamente, por 3 meses) y pidió el traslado de su expediente en la Clínica Unidental (Viladecans, avenida Josep  Tarradellas) continuando las revisiones con ésta.  

    Posteriormente, regresó a Zaragoza en el mes de julio 2017 y continuó con los brackets y las revisiones mensuales en la misma clínica.
    Una vez concluido el periodo de 2 años que le habían dicho que sería el necesario para poner los implantes, mi clienta manifestó a los ortodoncistas que cuándo le quitarían los braquets y la respuesta fue que tenía que esperar porque aún tenía un diente que debía alinearse, y que una vez alineado pasaría a la siguiente fase: la de colocación de los implantes.

      Por segunda vez viajó a Barcelona durante el mes de octubre 2017, volviendo a solicitar el traslado de su expediente a Unidental (Viladecans, avenida Josep Tarradellas).  Solicitó cita con la odontóloga y preguntó por los implantes pendientes de poner. Después de hacerle nuevas radiografías le respondieron que no había hueco para los implantes y que también se estaba generando un problema de desgaste en las raíces de los dientes, documentándose a través de radiografías y alertándole de la inminente extracción de dichos brakets para evitar el desgaste.   Una vez retirados los brakets, y sin capacidad para colocar los implantes, decidió dejar de acudir a su clínica tras solicitar al director de la misma, en reiteradas ocasiones, se le abonase el importe de los implantes no colocados y su expediente e informes, dándole largas día tras día. 

      Posteriormente, visitó una nueva clínica privada para que le practicaran un reconocimiento integral, de la que aportamos informes.

      Toda esta situación generó a nuestra Clienta nervios, pérdidas de sueño y un problema económico, al no poder afrontar otras alternativas para el cuidado e imagen  de su boca.
     
    De manera que existió una acción antijurídica y culpable que causó graves daños a nuestra Clienta, además de un incumplimiento contractual, siendo, por tanto, indiscutible la relación causal existente entre el haber permitido que llevara tanto tiempo los brakets con los daños provocados, al no existir hueco para colocar los implantes que necesita. Por tanto, el incumplimiento de la segunda parte del  presupuesto es consecuencia directa de la negligencia del primer encargo. Un segundo encargo que no es que no quiera sino que no puede realizar, y es un motivo más que suficiente para que ustedes le hubiesen devuelto hace tiempo el importe abonado por este concepto (la no realización integra del encargo).       Enviamos un Burofax a la clínica solicitando una reclamación económica en dos ocasiones, exponiendo todos los hechos y argumentándolos con fundamentos jurídicos, al igual que hubiésemos hecho en un proceso  judicial, y la respuesta de la clínica fue la devolución de la cantidad correspondiente a la paciente.
    Por tanto, conseguimos los resultados deseados por la Clienta al menor coste y riesgo posible, es decir, sin interponer demanda judicial. Esa es nuestra forma de trabajar ante este tipo de casos. Nos interesa que el Cliente asuma el menor riesgo económico.
  •   Desde nuestro despacho de abogados, ANTOLINO ADVOCATS, queremos informar a nuestros clientes (obligados tributarios) que la Hacienda Pública empezó a devolver la semana pasada el IRPF de padres y madres. Todo ello debe llevarse a cabo por Hacienda a causa del dictado de una reciente Sentencia del Tribunal Supremo. 

      Hacienda deberá devolver el IRPF de las prestaciones de maternidad y de paternidad desde el 2014.  

     ·         Quién tiene derecho a reclamar? Todos los contribuyentes que hayan incluido en su declaración de la renta las prestaciones de la Seguridad Social percibidas desde el 2014, al tomar el permiso por nacimiento o adopción de un hijo. 
       ·         Dónde deben presentar la solicitud? A través de un apartado especial en la página web de la Agencia Tributaria.   
     ·         A partir de cuándo puedo hacer la reclamación?   A partir de este mismo mes pueden hacerla los que beneficiarios de permisos de maternidad y paternidad que han tenido hijos en el 2014 y el 2015. En enero del 2019 respecto de los nacidos en el 2016 y 2017.     


    Existen muchas dudas aún sobre el tiempo máximo para realizar la reclamación,  los intereses que devengan las cantidades a pagar y la inclusión o no de los funcionarios que tributan en un régimen de mutualidad.

  • En los casos en que una pareja o un matrimonio adquiere una propiedad al 50% y solicita una hipoteca, la primera cuestión que se suscita en muchas personas es, ¿a quién corresponde pagar la cuota hipotecaria en caso de atribución del uso y disfrute de la vivienda a uno de los cónyuges?   
  • En este caso, conseguimos demostrar la voluntad de liberalidad de la parte demandante a la hora de realizar entregas de dinero a nuestro cliente. Es un tema que se inició en 2014 cuando la esposa recibió la noticia por parte de su marido, nuestro cliente, de que quiere divorciarse. El mismo día la mujer le hace tres transferencias de 10.000 euros cada una. Posteriormente se las reclama y nuestro cliente viene a nuestro despacho buscando asesoramiento legal. En 2015 se divorcian y en 2017 la ex-esposa dice que estas tres transferencias más el importe de un gasto médico,  más una serie de ingresos y transferencias realizadas a su marido para pagar la hipoteca de un piso que él tenía,  son préstamos que le ha realizado,  y solicita la devolución del dinero supuestamente prestado más los intereses legales.
  • En muchas ocasiones sucede que, cuando una persona denuncia un caso de violencia de género, se convoca por parte del Juzgado de Violencia de Género la llamada comparecencia del artículo 544 Ter de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Esta comparecencia tiene como objetivo que el juzgador emita un auto acordando la orden de alejamiento del supuesto agresor con respecto a la víctima. 
  • Os cuento un caso que gané en nuestro despacho en Barcelona: